Palma, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid

Cuanto más materialista se es, más probabilidades existen de caer en la corrupción política. No es una cuestión de lo que se tenga, sino de lo que se quiere. Es menos probable volverse un político corrupto si lo que se quiere es tener buenos amigos; o si lo que se quiere es tener más paz, o tener más sencillez, generosidad o conciencia. Seguramente, la inmensa mayoría de los que hacen tráfico de influencias, buscan beneficios materiales personales y no utilidades partidistas o ideológicas "generales".

Además, el Poder Ejecutivo, goza de privilegios en muchos órdenes de cosas; pero quizás, los dos más determinantes son: el monopolio que tiene sobre el uso de la fuerza y el estrecho y extenso contacto que presenta con el Poder Judicial.

El primero, es una usurpación de una función de policía, que según la teoría debe corresponder al Poder Judicial, pero que de facto depende del Poder "Político". Las ventajas son, obviamente, indudables: Sin vigilancia es mucho más fácil cometer delitos y hacer desaparecer pruebas. Y si la vigilancia además te pertenece…

El segundo es un privilegio de corte histórico, que proviene de cuando el Poder Político (el Rey), era al mismo tiempo el juez supremo. Esto mismo extendido a lo largo de la estructura de cada función política (la cadena de mando administrativo y la cadena de órganos judiciales), se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XIX. De hecho, la separación definitiva está todavía anunciándose. Piénsese por ejemplo, en las disputada sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial.

Ciertamente un buen caldo de cultivo de los casos de Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia (fraudes mil-millonarios), podría ser enfriado trabajando sobre los privilegios del Poder Ejecutivo. Ello no es incompatible con la seguridad del Estado, al contrario: cuanto más legal más seguro.