El TJUE con los interinos

En materia laboral, dos derechos coronan el horizonte de los laboriosos: el derecho al trabajo y al salario digno (art. 35 de la Constitución). Ambos pisoteados en España. Ambos maltratados, violentados, despreciados y ajusticiados, cada día, en el patíbulo.

Ambos derechos llevan vivos entre nosotros desde la Revolución Francesa, y todavía hoy, son objeto de íntimas carcajadas por los ministros de trabajo: ¿por quién se alegran? No entienden que la acumulación superflua está prohibida por el derecho desde tiempos inmemoriales. ¿Qué legislador no ha condenado a los ricos avaros tanto como a injustos? Para que "el fuerte no oprima al débil", dijo Hammurabi, hace más de 3500 años. Allí donde hoy se derrama la sangre.

Los datos, como gusta llamar a los pilares de las conclusiones, son conocidos por todos, y no son discutidos, si acaso, los menos escandalosos: uno de cada tres trabajadores recibe un salario inferior al mínimo legal; y varios millones de desempleados que quieren trabajar. Los datos discutidos son los que amenazan con la desvergüenza moral: los niños en situación de pobreza, la exclusión social de los menores o el nivel de desigualdad social. Porque nunca, nadie, ni ningún gobierno, ni en la Edad Media, ni en el Mundo Antiguo, ha querido reconocer que su pueblo pasa hambre, o que su pueblo es esclavo del trabajo. Yo creo que esto es lo que causa bastante risa, porque los que miran a través de los espejos, no ven otra cosa que su cara brillante. Por eso se ríen de los datos.

Y así, ante este drama social del paro y de los salarios indignos, algunos jueces se alzan y desde su plaza independiente, recuerdan los derechos básicos, apoyándose en la pura justicia, que exige redistribuir la riqueza, según un esfuerzo voluntarioso constante y perpetuo.