Amparo constitucional y enésimas elecciones
¿Quién controla al Congreso de los Diputados? ¿El pueblo, los electores, sus propios diputados? ¿La Ley, los jueces? ¿Quién puede obligar al Parlamento? Nadie puede responder diciendo que el Parlamento es soberano, pues como se proclama en la Constitución, la soberanía es un atributo de la Nación Española. Además, reside en el pueblo (art. 1).
Se puede pensar entonces, que el control parlamentario se ejerce por el pueblo. Sin embargo, esto es una generalización que se utiliza por la mayoría de los políticos para centralizar en el proceso electoral sus justificaciones sobre el control parlamentario. Con esto, sólo se oculta un subdesarrollo.
El control del Parlamento se ha de realizar diariamente, mediante los jueces y mediante el Gobierno: es la garantía del principio de la división de poderes. Esto implica que el Parlamento no puede realizar actos arbitrariamente, con la excusa de representar directamente al pueblo y ser depositario hasta nuevas elecciones de su soberanía. Esta excusa es inapropiada, porque, en primer lugar, la soberanía popular, como se dice en el mismo artículo citado, emana (transitivamente) todos los poderes del Estado, y por lo tanto, el Parlamento únicamente sería depositario de esa soberanía, por decirlo de alguna manera, perteneciéndole en pro indiviso, junto con el resto de los poderes del Estado.
Esta forma reduccionista y usurpadora de explicar la democracia con la que se ha acostumbrado a la mayoría de la sociedad, trae la división de la comunidad de bienes que postula la teoría del contrapeso de poderes públicos; viene también, de hecho, a caer en el mismo vicio que se desprecia con el nombre de "democracia": el vicio del totalitarismo (y la impunidad de la arbitrariedad).
Al final, lo que se desprende es la necesidad de impugnar cualquier acto del Parlamento que obligue al pueblo español a acudir de nuevo a las urnas para preguntarle exactamente lo mismo. Considero que, una disolución de esta naturaleza, ha de ser interpretada como un acto de arbitrariedad, abusivo y contrario a la Constitución Española.
Se puede pensar entonces, que el control parlamentario se ejerce por el pueblo. Sin embargo, esto es una generalización que se utiliza por la mayoría de los políticos para centralizar en el proceso electoral sus justificaciones sobre el control parlamentario. Con esto, sólo se oculta un subdesarrollo.
El control del Parlamento se ha de realizar diariamente, mediante los jueces y mediante el Gobierno: es la garantía del principio de la división de poderes. Esto implica que el Parlamento no puede realizar actos arbitrariamente, con la excusa de representar directamente al pueblo y ser depositario hasta nuevas elecciones de su soberanía. Esta excusa es inapropiada, porque, en primer lugar, la soberanía popular, como se dice en el mismo artículo citado, emana (transitivamente) todos los poderes del Estado, y por lo tanto, el Parlamento únicamente sería depositario de esa soberanía, por decirlo de alguna manera, perteneciéndole en pro indiviso, junto con el resto de los poderes del Estado.
Esta forma reduccionista y usurpadora de explicar la democracia con la que se ha acostumbrado a la mayoría de la sociedad, trae la división de la comunidad de bienes que postula la teoría del contrapeso de poderes públicos; viene también, de hecho, a caer en el mismo vicio que se desprecia con el nombre de "democracia": el vicio del totalitarismo (y la impunidad de la arbitrariedad).
Al final, lo que se desprende es la necesidad de impugnar cualquier acto del Parlamento que obligue al pueblo español a acudir de nuevo a las urnas para preguntarle exactamente lo mismo. Considero que, una disolución de esta naturaleza, ha de ser interpretada como un acto de arbitrariedad, abusivo y contrario a la Constitución Española.
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